Incapacitación judicial

Tramitamos procedimientos de modificación de la capacidad de obrar (antes llamados de incapacitación) para proteger a personas que, por enfermedad o discapacidad física o psíquica persistente, no pueden gobernarse por sí mismas o administrar adecuadamente su patrimonio. La reciente reforma legal ha sustituido la incapacitación tradicional por un sistema de apoyos graduables que respeta al máximo la autonomía de la persona. Evaluamos la situación personal, médica y familiar del afectado, recopilamos los informes médicos y sociales necesarios, y determinamos qué tipo de medida de apoyo es la más adecuada: desde la simple asistencia para actos concretos hasta la representación plena en casos de ausencia total de capacidad. Solicitamos al juzgado el nombramiento del tutor, curador o defensor judicial más adecuado, que puede ser un familiar o, en su defecto, una fundación tutelar. Nuestro objetivo es siempre garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos de la persona protegida, adaptando las medidas de apoyo a sus necesidades específicas.