Los procesos de contratación pública y subvenciones no están exentos de incidencias jurídicas relevantes. Es habitual encontrar pliegos o bases reguladoras que contienen cláusulas contrarias a Derecho, requisitos desproporcionados o criterios de valoración incorrectos que afectan directamente a la igualdad entre licitadores.
Además, cualquier error en los pliegos, la documentación o la valoración puede suponer la exclusión del procedimiento o la pérdida del derecho a la ayuda.
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